Comisión de Ética arrinconó al Apra contra la pared
Crónica de los entretelones de una de las sesiones más disputadas de este Congreso. Dos inexpertos asumieron defensa de Tula Benites, y Mulder pidió una rebajita.
El Apra en una encrucijada. Esta es la expresión que puede servir para graficar lo vivido por la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) en la sesión plenaria reservada del jueves en la que se acordó sancionar a la legisladora oficialista Tula Benites Vásquez con 120 días de suspensión luego de que se verificara la contundencia de la denuncia de Perú.21 sobre la contratación del ex auxiliar 'fantasma' Juan Carlos Cuadros Noriega.
Todo el blindaje preparado desde los últimos días se vino abajo. La CPA no razonaba y solo quería proteger -a cualquier costo- a Benites. La propuesta para el retorno del informe a la Comisión de Ética fue un craso error porque los integrantes de este grupo de trabajo estaban dispuestos a renunciar en conjunto si ello se producía.
Perú.21 tuvo acceso a ese documento, elaborado por la Asesoría de la CPA, que acusaba de falta de sustento al informe de Ética cuando ni siquiera había comenzado la sesión, una práctica que, se pensaba, había sido extinguida con el fujimorato. El objetivo aprista estaba al descubierto. Empero, la comisión que preside Elizabeth León (UPP) puso contra la pared a la bancada aprista y la propuesta fue desestimada.
EL INICIO. Poco antes de las 8:00 p.m., el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, ordenó el desalojo de periodistas y asesores del hemiciclo para dar inicio a la sesión reservada.
Una mala señal para los apristas comprometidos fue el retiro repentino del primer ministro, Jorge del Castillo. Un voto menos para el blindaje.
Con los periodistas afuera, la representación nacional rechazó el pedido de la titular de la Comisión de Ética para que la sesión fuera pública. En el caso de las sanciones contra el aprista Tomás Cenzano y contra el fujimorista Ricardo Pando no hubo mucho para destacar, salvo que en el caso Cenzano, tras una votación apretada que ratificó la suspensión de 30 días, el Apra pidió una reconsideración.
Pando pidió perdón a la representación nacional y al país, reconoció su error y fue beneficiado con una reducción de su pena de 100 a 60 días, a propuesta de Víctor Andrés García Belaunde.
BLINDAJE. El caso Benites comenzó con la exposición de Luis Galarreta (UN) quien, en su condición de ex presidente de la Comisión de Ética, sustentó el informe que se elaboró en su gestión, en el cual se pedía la máxima sanción disciplinaria que impone el Congreso.
Correspondió, entonces, el momento de los descargos, pero Tula Benites prefirió aferrarse a las argucias procesales y a la confrontación personal con Mercedes Cabanillas. Nunca respondió al cuestionamiento de fondo, como ha sido su actitud desde que estalló este escándalo, el 31 de mayo, con la denuncia de Perú.21.
Pero apuntar a Cabanillas le costó caro. La ex presidenta del Parlamento respondió con documentos originales en la mano y acusó enérgicamente a su compañera de haber fraguado el acuerdo de la Mesa Directiva del 31 de mayo.
No obstante, el intento de blindaje seguía en marcha y, en la práctica, Benites contaba con un abogado de oficio adicional. Se trataba del mismo que defendía a Alberto Fujimori: Rolando Sousa, a la sazón también socio político del aprismo, quien tampoco levantó las imputaciones sobre la contratación de Cuadros Noriega.
Las figuras del Apra no se pronunciaron. La defensa partidaria fue asumida por dos inexpertos en asuntos parlamentarios: Luis Wilson y José Vargas Fernández, quienes seguían el libreto fijado en el documento elaborado por los asesores de la CPA, pero no aportaban pruebas de descargo.
La defensa de Benites también pidió el refuerzo de Javier Valle Riestra. Pero, cuando este llegó, Cabanillas pulverizaba a la trujillana. A los pocos minutos, Valle Riestra optó por retirarse.
UNA REBAJITA. Cuando el debate estaba agotado y cesaban las correrías de Javier Velásquez Quesquén por algunas curules en la oposición, Mauricio Mulder se pronunció para proponer una rebaja en la sanción de Tula Benites de 120 a 60 días, confirmando la advertencia de este diario de hace algunos días. Su pedido no prosperó.
En el alboroto propio del momento de votación de un tema confrontacional como este, algunas representantes nacionalistas exigían "justicia" y la aplicación de la misma sanción que se le impuso a Elsa Canchaya.
Al final, una mayoría de parlamentarios dio una nueva señal de que, por ahora, no quieren el calificativo de 'otorongos'. Lamentablemente, los apristas -con algunas honrosas excepciones- no quisieron acompañar tal esfuerzo.
El Apra en una encrucijada. Esta es la expresión que puede servir para graficar lo vivido por la Célula Parlamentaria Aprista (CPA) en la sesión plenaria reservada del jueves en la que se acordó sancionar a la legisladora oficialista Tula Benites Vásquez con 120 días de suspensión luego de que se verificara la contundencia de la denuncia de Perú.21 sobre la contratación del ex auxiliar 'fantasma' Juan Carlos Cuadros Noriega.
Todo el blindaje preparado desde los últimos días se vino abajo. La CPA no razonaba y solo quería proteger -a cualquier costo- a Benites. La propuesta para el retorno del informe a la Comisión de Ética fue un craso error porque los integrantes de este grupo de trabajo estaban dispuestos a renunciar en conjunto si ello se producía.
Perú.21 tuvo acceso a ese documento, elaborado por la Asesoría de la CPA, que acusaba de falta de sustento al informe de Ética cuando ni siquiera había comenzado la sesión, una práctica que, se pensaba, había sido extinguida con el fujimorato. El objetivo aprista estaba al descubierto. Empero, la comisión que preside Elizabeth León (UPP) puso contra la pared a la bancada aprista y la propuesta fue desestimada.
EL INICIO. Poco antes de las 8:00 p.m., el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, ordenó el desalojo de periodistas y asesores del hemiciclo para dar inicio a la sesión reservada.
Una mala señal para los apristas comprometidos fue el retiro repentino del primer ministro, Jorge del Castillo. Un voto menos para el blindaje.
Con los periodistas afuera, la representación nacional rechazó el pedido de la titular de la Comisión de Ética para que la sesión fuera pública. En el caso de las sanciones contra el aprista Tomás Cenzano y contra el fujimorista Ricardo Pando no hubo mucho para destacar, salvo que en el caso Cenzano, tras una votación apretada que ratificó la suspensión de 30 días, el Apra pidió una reconsideración.
Pando pidió perdón a la representación nacional y al país, reconoció su error y fue beneficiado con una reducción de su pena de 100 a 60 días, a propuesta de Víctor Andrés García Belaunde.
BLINDAJE. El caso Benites comenzó con la exposición de Luis Galarreta (UN) quien, en su condición de ex presidente de la Comisión de Ética, sustentó el informe que se elaboró en su gestión, en el cual se pedía la máxima sanción disciplinaria que impone el Congreso.
Correspondió, entonces, el momento de los descargos, pero Tula Benites prefirió aferrarse a las argucias procesales y a la confrontación personal con Mercedes Cabanillas. Nunca respondió al cuestionamiento de fondo, como ha sido su actitud desde que estalló este escándalo, el 31 de mayo, con la denuncia de Perú.21.
Pero apuntar a Cabanillas le costó caro. La ex presidenta del Parlamento respondió con documentos originales en la mano y acusó enérgicamente a su compañera de haber fraguado el acuerdo de la Mesa Directiva del 31 de mayo.
No obstante, el intento de blindaje seguía en marcha y, en la práctica, Benites contaba con un abogado de oficio adicional. Se trataba del mismo que defendía a Alberto Fujimori: Rolando Sousa, a la sazón también socio político del aprismo, quien tampoco levantó las imputaciones sobre la contratación de Cuadros Noriega.
Las figuras del Apra no se pronunciaron. La defensa partidaria fue asumida por dos inexpertos en asuntos parlamentarios: Luis Wilson y José Vargas Fernández, quienes seguían el libreto fijado en el documento elaborado por los asesores de la CPA, pero no aportaban pruebas de descargo.
La defensa de Benites también pidió el refuerzo de Javier Valle Riestra. Pero, cuando este llegó, Cabanillas pulverizaba a la trujillana. A los pocos minutos, Valle Riestra optó por retirarse.
UNA REBAJITA. Cuando el debate estaba agotado y cesaban las correrías de Javier Velásquez Quesquén por algunas curules en la oposición, Mauricio Mulder se pronunció para proponer una rebaja en la sanción de Tula Benites de 120 a 60 días, confirmando la advertencia de este diario de hace algunos días. Su pedido no prosperó.
En el alboroto propio del momento de votación de un tema confrontacional como este, algunas representantes nacionalistas exigían "justicia" y la aplicación de la misma sanción que se le impuso a Elsa Canchaya.
Al final, una mayoría de parlamentarios dio una nueva señal de que, por ahora, no quieren el calificativo de 'otorongos'. Lamentablemente, los apristas -con algunas honrosas excepciones- no quisieron acompañar tal esfuerzo.
Aunque Tula gozará de unas bien merecidas y forzozas vacaciones sin sueldo, esperabamos que se le diera el mismo trato que a la Sra Canchaya. Sabíamos que el Apra en ese afán necio que los mata de ese compañerismo mal entendido iba a recurrir a las clásicas arregladitas de pasillo y a tratar de blindar a la parlamentaria a como de lugar. Sin embargo se jugaba algo más en este evento, el conchito del prestigio que le quedaba al Congreso, tan venido a menos gracias a los propios congresistas -que salvo honrosas excepciones- son unos verdaderos mentecatos, o son tremendos delincuentes.Esperamos que empiecen a reflexionar sobre el poco valor que tiene en el imaginario popular el valor del Congreso en una democracia. La tentación de chifarselos es grande. Y entonces cualquier cosa podría pasar ...y con respaldo popular, sino acuerdénse de Fujimori.
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