Comisión del Congreso recomienda renegociar contrato con Petro Tech
La comisión parlamentaria que investigó la venta de las acciones de Petro Tech a un consorcio colombiano-coreano, recomendó la renegociación del contrato.
El referido documento fue firmado a principios de la década de 1990 para la exploración y explotación del lote petrolero Z 2B, y la recomendación surge a partir de las presuntas irregularidades encontradas.
El informe final de la referida comisión también determinó que el perjuicio económico generado al Estado por dicha empresa asciende a la fecha a 480 millones de dólares.
Johnny Peralta, presidente de ese grupo investigador, dijo que se planteó a la Sunat y a los organismos judiciales que inicien las investigaciones dirigidas a denunciar a los funcionarios William Calvo, Alberto Varillas y Rosy Gadea por defraudación tributaria y corrupción, por presuntamente haber favorecido a dicha firma.
Asimismo, que se remita todo lo actuado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, a fin de determinar si procede el juicio político y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años, para los ex ministros Jaime Quijandría, Jorge Chamot y Carlos Herrera Descalzi, presuntamente comprometidos en el tema.
Peralta precisó que a lo largo de las pesquisas se encontraron elementos que establecerían que Petro Tech habría financiado en 2008 el pago de pasajes de avión a la ciudad de Piura de Giselle Giannotti y Martín Alberto Fernández Virhuez, quienes están comprometidos en el caso de las interceptaciones telefónicas.
De igual manera, que algunos funcionarios y trabajadores tanto de Perupetro como de Petroperú recibieron pasajes aéreos y viáticos de la referida empresa.
Peralta explicó que las supuestas irregularidades referidas a Petro Tech se generaron desde inicios del decenio de 1990, cuando se estableció el contrato de servicios que se firmó entre el Estado peruano y la misma, para la exploración y explotación del mencionado lote, que se encuentra ubicado en el zócalo continental, frente a Talara.
Añadió que, en ese entonces, se halló responsabilidad en algunos funcionarios de Petroperú que no aplicaron los mecanismos de control necesario a fin de garantizar los intereses del país.
Sostuvo que también se ha certificado que la referida firma se dedica al procesamiento de gas a través de otra empresa (Procesadora de Gas Pariñas), violando una serie de normas y sin pagar los debidos impuestos.
Peralta indicó que la mala administración del contrato, traducida básicamente en la falta de mantenimiento de las plataformas petroleras que opera la empresa, le ocasionó al país una pérdida de siete millones de dólares.
“Osirnergmin ha establecido también que por efecto de los mecanismos sancionadores y las multas a las que se ha hecho acreedora la empresa, ésta debe pagar un monto ascendente a 54 millones de dólares.”
Agregó que Petroperú ha estimado que Petro Tech adeuda 66 millones de dólares por el no pago de una compensación; y la Sunat ha realizado reparos a dicha empresa por un uso indebido del IGV como crédito fiscal, por 78 millones de dólares.(Con información de Andina)
Recomiendan procesar a Kallop, Varillas y Gadea
El cargo: presunto delito de corrupción de funcionarios.
La comisión parlamentaria que investigó la venta de las acciones de Petro Tech a un consorcio colombiano-coreano, recomendó la renegociación del contrato.
El referido documento fue firmado a principios de la década de 1990 para la exploración y explotación del lote petrolero Z 2B, y la recomendación surge a partir de las presuntas irregularidades encontradas.
El informe final de la referida comisión también determinó que el perjuicio económico generado al Estado por dicha empresa asciende a la fecha a 480 millones de dólares.
Johnny Peralta, presidente de ese grupo investigador, dijo que se planteó a la Sunat y a los organismos judiciales que inicien las investigaciones dirigidas a denunciar a los funcionarios William Calvo, Alberto Varillas y Rosy Gadea por defraudación tributaria y corrupción, por presuntamente haber favorecido a dicha firma.
Asimismo, que se remita todo lo actuado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, a fin de determinar si procede el juicio político y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años, para los ex ministros Jaime Quijandría, Jorge Chamot y Carlos Herrera Descalzi, presuntamente comprometidos en el tema.
Peralta precisó que a lo largo de las pesquisas se encontraron elementos que establecerían que Petro Tech habría financiado en 2008 el pago de pasajes de avión a la ciudad de Piura de Giselle Giannotti y Martín Alberto Fernández Virhuez, quienes están comprometidos en el caso de las interceptaciones telefónicas.
De igual manera, que algunos funcionarios y trabajadores tanto de Perupetro como de Petroperú recibieron pasajes aéreos y viáticos de la referida empresa.
Peralta explicó que las supuestas irregularidades referidas a Petro Tech se generaron desde inicios del decenio de 1990, cuando se estableció el contrato de servicios que se firmó entre el Estado peruano y la misma, para la exploración y explotación del mencionado lote, que se encuentra ubicado en el zócalo continental, frente a Talara.
Añadió que, en ese entonces, se halló responsabilidad en algunos funcionarios de Petroperú que no aplicaron los mecanismos de control necesario a fin de garantizar los intereses del país.
Sostuvo que también se ha certificado que la referida firma se dedica al procesamiento de gas a través de otra empresa (Procesadora de Gas Pariñas), violando una serie de normas y sin pagar los debidos impuestos.
Peralta indicó que la mala administración del contrato, traducida básicamente en la falta de mantenimiento de las plataformas petroleras que opera la empresa, le ocasionó al país una pérdida de siete millones de dólares.
“Osirnergmin ha establecido también que por efecto de los mecanismos sancionadores y las multas a las que se ha hecho acreedora la empresa, ésta debe pagar un monto ascendente a 54 millones de dólares.”
Agregó que Petroperú ha estimado que Petro Tech adeuda 66 millones de dólares por el no pago de una compensación; y la Sunat ha realizado reparos a dicha empresa por un uso indebido del IGV como crédito fiscal, por 78 millones de dólares.(Con información de Andina)
Recomiendan procesar a Kallop, Varillas y Gadea
El cargo: presunto delito de corrupción de funcionarios.
La comisión que investigó las concesiones petroleras a la cuestionada empresa Petro-Tech remitió copia al procurador público anticorrupción a fin de que promueva investigación preliminar contra William Kallop, Alberto Varillas y Rosy Gadea, altos funcionarios de esa compañía, por el supuesto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado.
Asimismo, se incluyó a Mario Pasco, ex ministro de Trabajo y asesor legal de Perupetro por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones por haberse arrogado la presentación de Perupetro para participar en la conformación del Tribunal Fiscal.
Igualmente, se comprendió entre las principales personas involucradas a Rafael Samaniego Bogovich, ex funcionario de Petro-Tech y luego presidente de Perupetro, por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado y colusión, toda vez que una vez que se convirtió en funcionario público habría influido directamente para que el Estado no pudiera cobrar una deuda por más de dos millones que le tenía Petro-Tech y que había sido apelada. Es más, según Jhony Peralta, titular de ese grupo de trabajo, con su participación el Estado tuvo que devolver un dinero ya cobrado por más de tres millones de dólares.
Igualmente se incluye a los funcionarios Luis Sologuren; Germán Kruger, José Chueca y Miguel Celi por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Igualmente, se solicita a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales a los ex ministros Jaime Quijandría Salmón, Jorge Chamot y Carlos Herrera Descalzi, para que sean sometidos a “juicio político” por supuesta defraudación del patrimonio público. Renegociación Igualmente, la comisión que también la integraron Aldo Estrada, Cecilia Chacón y Wilder Ruiz, recomendó la renegociación del contrato firmado a principios de los noventa para la exploración y explotación del lote petrolero Z 2B, por presuntas irregularidades encontradas, y que fuera cedido en 1993.
Asimismo, se incluyó a Mario Pasco, ex ministro de Trabajo y asesor legal de Perupetro por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones por haberse arrogado la presentación de Perupetro para participar en la conformación del Tribunal Fiscal.
Igualmente, se comprendió entre las principales personas involucradas a Rafael Samaniego Bogovich, ex funcionario de Petro-Tech y luego presidente de Perupetro, por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado y colusión, toda vez que una vez que se convirtió en funcionario público habría influido directamente para que el Estado no pudiera cobrar una deuda por más de dos millones que le tenía Petro-Tech y que había sido apelada. Es más, según Jhony Peralta, titular de ese grupo de trabajo, con su participación el Estado tuvo que devolver un dinero ya cobrado por más de tres millones de dólares.
Igualmente se incluye a los funcionarios Luis Sologuren; Germán Kruger, José Chueca y Miguel Celi por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión.
Igualmente, se solicita a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales a los ex ministros Jaime Quijandría Salmón, Jorge Chamot y Carlos Herrera Descalzi, para que sean sometidos a “juicio político” por supuesta defraudación del patrimonio público. Renegociación Igualmente, la comisión que también la integraron Aldo Estrada, Cecilia Chacón y Wilder Ruiz, recomendó la renegociación del contrato firmado a principios de los noventa para la exploración y explotación del lote petrolero Z 2B, por presuntas irregularidades encontradas, y que fuera cedido en 1993.
El dato
Cabe señalar que el grupo de trabajo confirmó la primicia de EXPRESO en el sentido de que el contrato suscrito por Petro-Tech con el Estado Peruano nunca se aprobó en Sesión de Consejo de Ministros como lo exigía la ley.
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