por Manuel Rodriguez Cuadros
La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.Pero el uso de la violencia por parte del gobierno ha estado no sólo en el trágico final de la protesta amazónica, sino en su origen. Aprobar leyes con conocimiento pleno de su inconstitucionalidad es una forma de violencia institucional que afecta la estabilidad democrática. Lo es también mentir en el ejercicio del poder. Es falso que el TLC con Estados Unidos exija los regímenes de propiedad intelectual, de aprovechamiento de las aguas y de los derechos de propiedad indígenas contenidos en la legislación cuestionada. El Departamento de Estado debe estar muy preocupado y sensible con la asociación que hace el gobierno entre las leyes inconstitucionales y el Tratado de Libre Comercio. La incomodidad debe ser mayúscula con la sangre que ahora se asocia al TLC.Pero lo más grave de estas horas difíciles es la actitud y el pensamiento que pregona la separación y división de los peruanos, entre aquellos que representan el poder y los que lo sufren, entre aquellos cuyas muertes importan y aquellos cuyas muertes se desprecian; una visión que desafía a nuestra propia historia y realidad social, desconociendo la pluralidad étnica del Perú real. Este peligroso discurso neocolonizador de la propia patria está llegando al extremo de incitar a la violencia estatal contra los peruanos y peruanas vulnerables, contra los que no se consideran “hortelanos”, que son la inmensa mayoría de la Nación. El delirio debe sosegarse. Se requiere antes que odio exacerbado por la violencia verbal, tranquilidad, serenidad y sosiego. Responsabilidad nacional y convicciones democráticas sobre el Estado y la sociedad. Voces serenas, respetuosas de todas las sangres que componen y enriquecen el país, voces que en la crisis fortalezcan los valores democráticos. Como la de los obispos amazónicos que alertaron sobre la inconveniencia de una masiva presencia policial o el llamamiento institucional a favor de la legalidad y el diálogo hecho por Beatriz Merino, la defensora del Pueblo. El país y el mundo saben que la lucha indígena es justa y que sus reivindicaciones responden al interés nacional: la preservación de la paz social y la cohesión nacional y el respeto a la legalidad que ampara las justas demandas de los pueblos amazónicos.
La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.Pero el uso de la violencia por parte del gobierno ha estado no sólo en el trágico final de la protesta amazónica, sino en su origen. Aprobar leyes con conocimiento pleno de su inconstitucionalidad es una forma de violencia institucional que afecta la estabilidad democrática. Lo es también mentir en el ejercicio del poder. Es falso que el TLC con Estados Unidos exija los regímenes de propiedad intelectual, de aprovechamiento de las aguas y de los derechos de propiedad indígenas contenidos en la legislación cuestionada. El Departamento de Estado debe estar muy preocupado y sensible con la asociación que hace el gobierno entre las leyes inconstitucionales y el Tratado de Libre Comercio. La incomodidad debe ser mayúscula con la sangre que ahora se asocia al TLC.Pero lo más grave de estas horas difíciles es la actitud y el pensamiento que pregona la separación y división de los peruanos, entre aquellos que representan el poder y los que lo sufren, entre aquellos cuyas muertes importan y aquellos cuyas muertes se desprecian; una visión que desafía a nuestra propia historia y realidad social, desconociendo la pluralidad étnica del Perú real. Este peligroso discurso neocolonizador de la propia patria está llegando al extremo de incitar a la violencia estatal contra los peruanos y peruanas vulnerables, contra los que no se consideran “hortelanos”, que son la inmensa mayoría de la Nación. El delirio debe sosegarse. Se requiere antes que odio exacerbado por la violencia verbal, tranquilidad, serenidad y sosiego. Responsabilidad nacional y convicciones democráticas sobre el Estado y la sociedad. Voces serenas, respetuosas de todas las sangres que componen y enriquecen el país, voces que en la crisis fortalezcan los valores democráticos. Como la de los obispos amazónicos que alertaron sobre la inconveniencia de una masiva presencia policial o el llamamiento institucional a favor de la legalidad y el diálogo hecho por Beatriz Merino, la defensora del Pueblo. El país y el mundo saben que la lucha indígena es justa y que sus reivindicaciones responden al interés nacional: la preservación de la paz social y la cohesión nacional y el respeto a la legalidad que ampara las justas demandas de los pueblos amazónicos.
por Hugh Player
El gobierno en su infinita confusión, en su fatal intransigencia y en su ambición suicida ha pretendido, en estos días, convertir un acto criminal, en el que lloramos las muertes de peruanos casi imposibilitados de comunicarse y entenderse por barreras culturales de miles de años, en la solución política del juego de las palabras, que busca y encuentra culpas agitando viejos fantasmas.
Para cualquiera es fácil recordar que las verdaderas intenciones se empezaron a mostrar cuando nuestro Presidente publicó con fu firma unos artículos que revelaron que la involución le había llegado estando muy cerca a los sesenta años y que para los interesados cualquier oposición a al intento de rematar, concesionar, o secuestrar el país, era -como en la fábula- un perro del hortelano.
Meses mas tarde aquellos que se opusieron (y se oponen) a que se impongan decretos legislativos inconstitucionales y se destruya y despoje de su habitat natural a las comunidades de la selva son no solamente canes envidiosos, ahora son también terroristas de conjuras extranjeras, senderistas redivivos, agentes del poder economico internacional, intereses políticos en campaña, es decir, los absolutos culpables de los errores del gobierno (que no puede negar la invalidez legal de sus leyes tramposas) por los que han muerto tragicamente policías enviados a su definitivo final como carne de cañon y campesinos exacerbados hasta el extremo por las burlas a sus reclamos y de los cuales no se quiere decir la cifra real de muertos en este enfrentamiento, porque francamente sospechamos que son muchísimas las vidas que han cobrado de estas comunidades, ciudadanos olvidados de la civilización, que no cuentan ni siquiera con el documento nacional de identificación.
La historia podría servirnos para interpretar la realidad ya que estas etnias debido a su ferocidad casi genética no pudieron ser sometidas ni colonizadas por el poderoso imperio de los incas o por la barbara conquista española.
Sabemos que tras las promesas de inversión y desarrollo se esconden los grandes negocios de los de afuera y los de adentro. Sabemos que el poco respeto por la ley y al hábitat natural que delata a los que explotan estas riquezas, ya que siempre han depredado y matado el ecosistema. Es mas, podría hacer una larga lista de crimenes ecológicos: desde el plomo que contamina la atmósfera de Pasco hasta los envenamientos de mercurtio de Yanacocha.
Ahí también se peleo contra el criminal accionar de estas compañias y también hubo muertos y ahí estan las consecuencias de esas formidables fortunas trasnacionales que cuentan a sus victimas como muescas en el arma de sus desgraciadas ganancias
El gobierno del Sr García cree que puede solucionar el despojo y la tragedia con palabras y política. Nunca mas torpe en su frágil capacidad de análisis porque este problema no empieza ni acaba con la aparente fuga de Pizango, ni con el escrache del nacionalismo light del parlamento, encarnado por el Humalismo simplón.
Si el gobierno cree que este problema ya ha terminado, que pasaron por encima del reclamo de mas de 65 grupos de aborígenes de la selva excavando nuevas fosas comunes, desde aquí les digo que les esperan grandes sorpresas porque no están razonando como nativos sino como politiqueros y la esencia del problema radica en que mientras no haya una solución real a las demandas de los comuneros selváticos el ambiente seguirá tenso y dispuesto a estallar en cualquier momento.
Peor, si empiezan a encerrar dirigentes. Porque le echarán sal a las heridas y el fantasma de la insurrección rondará como un terrible incendiario suelto permanentemente por la selva.
Ahora es cuando deben derogarse los decretos.
Ahora es cuando se debe crear una comisión de especialistas internacionales que estudien con seriedad (y sin que medie la mano de los angurrientos de siempre) la posibilidad seria y organizada de concesionar algunas partes de la selva para una adecuada explotación.
Desgraciadamente como dijo el zambo Bolivar, aramos en el mar.
Alan García no aprende la lección y tarde o temprano los reclamos imparables lo alcanzarán y entonces habrá de conocer la hora mas triste de su soledad, la del inevitable castigo del juicio de la historia por esta oportunidad perdida.
Y quizás una muy dura sanción legal por ese manejo inhumano y salvajemente descuidado que deja regados cadáveres en todas sus pésimas administraciones.
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