sábado, 10 de mayo de 2008

ESA MALDITA PARED





San Marcos, Propietaria por Rosa María Palacios (*)
La protesta de los estudiantes de San Marcos en defensa de la propiedad de su universidad refleja un giro en la temática de las luchas sociales. Acostumbrados por décadas a marchar contra el imperialismo yanqui, el modelo neoliberal o el Estado represor, los estudiantes de hoy se alzan en defensa del más liberal y capitalista de los derechos: el de propiedad.
Tal vez no sean conscientes del cambio, pero han sustituido una agenda ideológica que recogía intereses abstractos de influencia marxista para sustituirla por banderas más concretas y liberales de lucha. La disposición, por parte del Estado (en este caso, la Municipalidad de Lima), de terrenos con propietario revive viejas y conocidas polémicas sobre los límites del derecho de propiedad. ¿Tiene el propietario la obligación de aceptar la dación de sus bienes al Estado si es que este no demuestra utilidad pública? ¿Tal utilidad pública está sujeta a un peritaje técnico? ¿Es obligatorio que el Estado opte por la alternativa menos restrictiva del derecho comprometido? ¿Cómo se fija el justiprecio o compensación por el daño que significa entregar parte de un bien al Estado?
La Municipalidad de Lima y la Universidad de San Marcos tienen un contrato que concede al municipio 2.8 hectáreas de propiedad de la universidad. A criterio de los alumnos, por forma y por fondo, ese contrato es nulo. ¿Puede la universidad, como lo ha hecho esta semana una resolución rectoral, desconocer ese pacto de forma unilateral? Si tal nulidad existe, ¿no es acaso el Poder Judicial el que tiene que resolver la controversia? ¿No hay de por medio un tercer actor, el INC, que debe intervenir porque se ha dispuesto de un bien público -una huaca- sobre la cual el derecho de propiedad está limitado?
Toda la energía de una movilización estudiantil llena de pasión joven y generosa, cuando está bien encauzada, tiene un enorme valor educativo. Lo ha tenido para todas las generaciones. Los estudiantes necesitan asesoría legal y liderazgos que los alejen de soluciones violentas que desprestigian su lucha, y las autoridades de la universidad y la municipalidad deben estar abiertas a transitar por los caminos democráticos que existen para hacer valer un derecho.
A pesar de las escenas de violencia que hemos visto entre alumnos y policías, no puedo dejar de mirar con optimismo estos cambios. Por ello, debemos dispensar la misma comprensión por los estudiantes que hoy defienden el derecho de propiedad que aquella que nuestros mayores tuvieron cuando, hace 20 años, mi generación salió a las calles para protestar contra la expropiación de la banca. Bien mirado, es lo mismo.


(*) Aparecido en su columna del diario Perú21

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