
César Nakasaki, abogado defensor del ex dictador Alberto Fujimori, fue suspendido por dos años en el ejercicio de la profesión por el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL), aunque ello, en la práctica, no le impedirá seguir defendiendo al ex dictador.Nakasaki fue denunciado el año 2005 por haber dado declaraciones a la prensa como abogado de Fujimori, sin estar acreditado legalmente; además, por propia confesión, se supo que en ese lapso tuvo acceso al expediente de Fujimori y que, además, no concurrió a citaciones de la Ocma para declarar sobre el particular.Al respecto, Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), sostuvo que el CAL debe revocar la suspensión, porque podría afectar el juicio seguido a Fujimori y abonar a la falsa tesis de que es víctima de persecución política.“Me parece que en una situación de esta naturaleza hay que poner por delante el desarrollo regular del proceso judicial. No hay que terminar otorgando un caballo de batalla para politizar este proceso; que el Colegio de Abogados revoque esa medida inmediatamente para garantizar que el señor Nakasaki tenga la posibilidad de ejercer la defensa de Alberto Fujimori”, manifestó en diálogo con Ideeleradio.La medida, “en medio del curso del proceso judicial, puede terminar teniendo un efecto que presente al señor Fujimori como una persona perseguida”, dijo Rivera.A su vez, el vicedecano del CAL, Luis Lamas, aclaró que la suspensión de Nakasaki puede ser apelada, lo que la dejará en suspenso al menos por dos años, lo que garantiza que el abogado siga habilitado para defender al reo.
Chilenos perderían contrato (¿ Se enfriará el infierno?)
Retrocedería. El Consejo Directivo de Proinversión, en su reunión del último lunes, habría decidido dejar sin efecto el contrato que tiene con el consorcio chileno Halcrow-IKons-Chemonics para realizar una consultoría sobre el diseño de concesión de los puertos de Paita, Pisco e Ilo, según señalaron fuentes confiables a LA PRIMERA.En esa reunión los ministros de Economía y Finazas, José Luis Carranza, de Agricultura, Ismael Benavides y de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, habrían conminado al director Ejecutivo de Proinversion, David Lemor, a que dé marcha atrás y le diga adiós al mencionado consorcio chileno que se iba hacer cargo de la forma como se concesionarían los puertos regionales.Conflicto de interésComo se recuerda sobre esta empresa, LA PRIMERA había puesto en evidencia que este consorcio mantenía vínculos con grupos chilenos que están interesados en ganar las licitaciones de los puertos de San Martín (Ica) y Paita (Piura), entre otros.Hasta hace unas semanas Proinversión defendía este contrato, amparándose en que no hay ningún impedimento legal para la participación de empresas provenientes de cualquier país, incluido Chile.“Si mañana se cambiara la legislación e impidiera la participación de empresas chilenas en consultorías, o se prohíbe la participación de un país en especial en la concesión de puertos, ProInversión tendría que ceñirse a esos cambios, pero ahora no es así”, decía Lemor en ese momento.Sin embargo, ahora, tras las denuncias periodísticas que pusieron de manifiesto cómo se venían vulnerándose los intereses nacionales con la presencia de esta empresa, David Lemor y su equipo legal ahora vienen buscando la formula legal para deshacer este contrato.





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