EL LOCO DESEO DEL HUMALA

Humala quiere ser García (I)

por Rosa María Palacios (*)

A fines de 1989, cuando regresé al Perú, conseguir un alquiler en Lima era prácticamente imposible porque el gobierno de García I intervenía los contratos a su regalado gusto congelando los alquileres. Solo eran felices los pocos inquilinos que disfrutaban de estos injustos subsidios, a costa del propietario, mientras que todos los demás estábamos reventados porque no teníamos dónde vivir. Con mucho esfuerzo, mil recomendaciones y un año de pago adelantado, conseguí un pequeño departamento. Tenía teléfono y pagaba un dólar al mes a la CPT, pese a que era obvio que ese no era el costo del servicio. Un año después me mudé a otro lugar sin teléfono y tuve que gastar US$2 mil dólares en el mercado negro para tenerlo. La alternativa era esperar muchos años. Tarifas subsidiadas para las clases altas y ningún servicio para los clientes nuevos, que eran millones, era la estrategia comercial de esta fantástica empresa pública.
Hoy, Ollanta Humala y sus congresistas quieren reformar la Constitución (o regresar a la de 1979, que es peor) para que el Ejecutivo pueda crear empresas públicas sin justificación ni obligación de pasar por el Congreso. Como si la experiencia del Estado empresario no hubiera sido nefasta. Millones en pérdidas, burócratas privilegiados con gollerías y prebendas repartidas desde el poder, coimas de gran calibre en las adquisiciones y servicios públicos de pésima calidad o inexistentes. Lo que es peor, la socialización de la pérdida, cuando esta debe ser un riesgo de los que están dispuestos a perder lo suyo y no lo ajeno.
Pacta sunt servanda establecieron los romanos. Los contratos obligan a las partes. Este es un principio sobre el que se construye todo el derecho contractual desde hace 25 siglos. No es una creación de las transnacionales como algunos congresistas ignorantes creen. Si uno da su palabra, esta se mantiene; salvo que todos, voluntariamente, pacten un cambio. Por eso, hay que tomar todas las precauciones antes de asumir una obligación.
La barbarie que sobre incumplimiento ha vivido Latinoamérica, y en particular el Perú, tuvo como consecuencia que la actual Constitución incorpore un texto que expresamente prohíbe al Estado intervenir unilateralmente en los contratos. Humala cree que este principio vulnera la soberanía nacional cuando, por el contrario, protege a millones de peruanos de la intervención arbitraria y demagógica del Estado, como con los alquileres. Los ciudadanos no tienen dónde defenderse cuando es el Estado el que les roba. Las transnacionales, a las que tanto odian los nacionalistas, sí. Tienen seguros contra estas prácticas y recurren a arbitrajes internacionales. ¿Quiénes serán ganadores y quiénes perdedores si el Perú regresa al estatismo?
García I expropió a la Belco (a lo Evo) y, años después, el Perú tuvo que pagar 200 millones de dólares a su aseguradora. García II aprendió, ¡pero a qué costo! El aprendizaje de Humala, que aún no logra los 81 votos para reformar la Constitución, ¿no podría serle más económico al país?

(*) Aparecido en su columna del diario Perú21. No lo publicamos porque -como consignamos ese día- había un error en la página web de Perú21. Teniendo en cuenta que la Sra Rosamaría es una polémica colabora de este blog, hemos decidido incluir esta nota reservándonos el derecho a disentir -con buen humor, por supuesto- para un próximo artículo de nuestra columna ABOGADO DEL DIABLO. Asimismo los invitamos a leer la entrada CUATRO PASOS DE BAILE (HACIA LA DIESTRA) CON LOS CORRESPONDIENTES COMENTARIOS.

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