LA INSOPORTABLE CHOLEDAD DEL SER

Delito de cacharro

por Jorge Bruce (*)

El alcalde de Miraflores, Manuel Masías, estuvo presente en una conferencia de prensa, convocada por la oficina de Imagen Institucional de dicha municipalidad. Ahí se reveló haber detenido a una banda de delincuentes que venían vulnerando la seguridad de los vecinos: Los Malditos de Larcomar. Cuando salió a la luz que los supuestos malhechores eran, en realidad, jóvenes deportistas de San Juan de Lurigancho -los que, sin embargo, habían sido enmarrocados y, según afirman, maltratados e, incluso, se les habría intentado 'sembrar' droga para incriminarlos-, el director de la Policía, Octavio Salazar, relevó al comisario de Miraflores y al mayor encargado del caso. En cambio el alcalde miraflorino se negó a ofrecer disculpas, alegando que las investigaciones no habían concluido. Lo cual es un absurdo más grande que el parque Kennedy. Si dichas pesquisas recién comenzaban, ¿cómo pudo participar en una conferencia de prensa para anunciar que "en un trabajo conjunto entre el Serenazgo y la Policía se logró desarticular a una peligrosa banda de asaltantes que mantenía en vilo al distrito"? ¿Se les puede presentar como delincuentes sin que se haya probado su culpabilidad, y no se deben ofrecer disculpas cuando todo indica que se trata de un error gravísimo?Lo que agrava el caso es la fundada sospecha de un "error" de corte racista, basado en el peligro -este sí real- del funcionamiento en base a prejuicios: ¿cholos con bicicletas, celulares y MP4? El peligro radica en que de los prejuicios -opinión previa y tenaz, representación mental en virtud de la cual se confiere una significación extensa a los signos raciales- se salta a la discriminación, que es el pasaje al acto, por lo general en forma de abusos o denigración. Esto parece haber sido lo que ocurrió en perjuicio de Abraham Nina Márquez, Jorge Chávez, Daniel Távara y César Cavero. Su infracción consistió en lo que se podría llamar delito de 'cacharro' (rostro, en jerga). En su afán de mostrar avances en la lucha contra la delincuencia, las fuerzas del orden no dudaron en obrar precipitadamente, humillando y dañando la reputación de cuatro muchachos inocentes. Pero lo más escandaloso es la negativa del alcalde a disculparse. No solo por lo que esto revela de su concepción de la autoridad -para mostrar logros, acude presuroso; para reconocer daños contra personas lesionadas en sus derechos y dignidad, exige pruebas- sino particularmente por la señal que envía a la comunidad. Si esos cuatro chicos fueran de los que se admiten sin problemas en ciertas discotecas del centro comercial que da nombre a la banda de marras, no habría necesidad de pedir disculpas porque las detenciones violentas ni, a fortiori, la conferencia de prensa, habrían tenido lugar. Si los derechos no son de todos, son privilegios que causan rencor y dolor en los discriminados, remordimiento inconsciente y temor en los privilegiados. Lejos de integrar, el alcalde divide.
El racismo se manifiesta en la desigualdad en el trato a las personas, en función de sus rasgos étnicos o apariencia. No es, como se ve, exclusivo de los sectores "beneficiados". Al actuar con esa irresponsabilidad -y quizás dolo si lo de la 'siembra' se comprueba- tanto serenos como policías se someten a patrones racistas hegemónicos, en el ámbito de la autodiscriminación. Lo que ellos le hicieron a esos chicos mañana se lo pueden hacer otras autoridades, identificadas con el agresor, a sus hijos o parientes. O a ellos mismos.

(*) Aparecido en su columna del diario Perú21

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